Mientras el arquitecto del proyecto, Juan Sabbagh, defiende la iniciativa de venta de parcelas para preservación, Cristóbal Lira exige su tramitación ambiental.
N proyecto que mezcla el interés inmobiliario con la preservación natural ha generado el rechazo de vecinos y de la autoridad municipal de Lo Barnechea.
En el sector de Los Trapenses, contiguo al Club de Golf Santa Martina, se pretende llevar adelante la controvertida iniciativa Chaguay (anillo en mapudungún). El proyecto consiste en la venta de parcelas “para conservación” en un área considerada de protección ambiental de más de 400 hectáreas. Sus dueños son un grupo de inversionistas, entre ellos Hernán Besomi y Luis Felipe Lehuedé (en la foto), socios de la compañía de logística y bodegaje Red Megacentro.
El desarrollo, que se presenta como de preservación natural, busca vender parcelas desde 1,5 hasta 6 hectáreas, por un precio que fluctúa entre los $220 millones y $600 millones, según figura en su listado de precios en la web y en plataformas como Portal Inmobiliario, donde se busca revender algunas parcelas. ¿De qué se trata Chaguay? Según su ideólogo y Premio Nacional de Arquitectura 2002, Juan Sabbagh, cada parcela ofrecida cuenta con tres anillos: el primero, en un máximo del 15% del terreno, el comprador podrá cercar y, si obtiene los permisos, construir una vivienda que no está contemplada en la venta; el segundo anillo de hasta el 50% deberá destinarse al uso paisajístico y recreativo, y el tercero, el 35 % restante, está contemplado como espacio común de conservación. “El segundo y tercer anillo se declaran como derecho real de conservación, gravamen que obliga al propietario y alos sucesivos a cuidar y preservar el área. El resultado del proyecto es que el 85% del terreno queda protegido”, dice Sabbagh, quien explica que la subdivisión de las parcelas proviene del año 1979, cuando el predio pertenecía a la familia Bouchon.
Los reparos del alcalde Sin embargo, la iniciativa cuenta con detractores, dado que se ubica en un Área de Preservación Ecológica (APE) donde no se pueden levantar proyectos inmobiliarios, salvo excepciones contempladas en la Ley General de Vivienda y Urbanismo. Uno de los opositores es el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, quien paralizó el proyecto el 8 de octubre pasado.
“Me reuní con ellos y les manifesté que lo óptimo era que ingresaran el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que están en un área de preservación ecológica definida por el Plano Regulador de Santiago.
Esto es, a todas luces, un loteo y así están vendiéndolo en la web”, comenta el jefe comunal, quien ha estampado dos denuncias al respecto ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La primera denuncia es contra Chaguay por no tramitar ambientalmente su proyecto ante el SELA, pese a ser una zona protegida. La segunda es contra la vecina Hacienda Santa Martina, pues fue el club de golf el que vendió las más de 400 hectáreas a Chaguay entre agosto y octubre del 2015. De acuerdo a la denuncia de Lira, con la venta, el club habría incumplido una condición contenida en su permiso ambiental del 2001. “Una de las obligaciones que tiene ese permiso ambiental es que Santa Martina no puede intervenir esas hectáreas. Y no sólo no las intervino, sino que las vendió”, explica la jefa de sostenibilidad de Lo Barnechea, Consuelo Herrera. En la SMA confirmaron ambas denuncias. En el caso de Santa Martina, el club presentó un plan de cumplimiento ofreciendo mitigaciones y en el caso de Chaguay, el regulador aún investiga para definir si cuenta con todos los permisos.
“Se han realizado una serie de actividades indagatorias, incluyendo una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República, que aclaró que las APE (Areas de Preservación Ecológica) son áreas bajo protección oficial cuando concurren determinados requisitos, y que sobre la base de ello se requeriría el referido permiso ambiental”, explica eterminó que el criterio aplicaba solo a los proyectos nuevos que no se encuentren “debidamente autorizados”. Por ello, la SMA preguntó su parecer al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y a la Seremi del Ministerio de Vivienda (Minvu) para conocer el estado de los permisos de Chaguay.
Estos antecedentes son claves para el proyecto, ya que si no cuenta con esas autorizaciones, el organismo podría levantarle cargos. «Tenemos todos los permisos» A pesar de los cuestionamientos, Sabbagh manifiesta que Chaguay cuenta con todos los permisos y que la interpretación de la Contraloría los favorecería.
Sabbagh explica que los proyectos anteriores al 2009 y que están bajo protección ambiental, no deben ingresar al SEIA y sólo deben contar con permisos sectoriales como el Minvu, la Conaf y el SAG, entre otros. “El dictamen de la Contraloría se sustenta precisamente en el principio de seguridad jurídica. Cuando el proyecto partió, la autoridad competente había señalado que estos proyectos no requieren, previo a su ejecución, de evaluación ambiental”, sostiene el arquitecto.
